Contrataciones

  MARCO LEGAL

Normativa

Ley 18.575 - Ley Orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado
DFL 1/19.653 - Probidad administrativa
DFL 29 - Estatuto Administrativo
DFL 149 - Estatuto Orgánico
DU 1444 - Establece planta del personal no académico
Ley 19.305 - Sobre elecciones de Rector
Protocolo sobre acoso sexual, de género y otras conductas discriminatorias

Modificaciones al DU 1444

 

  ACTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto de Actos Administrativos

  • Declaraciones de voluntad mediante las cuales la Administración en función de una potestad administrativa manifiesta su decisión en un sentido determinado (dictamen 39.259/00).
  • Decisiones formales que emiten los órganos de la Administración, en las que se contienen declaraciones finales de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública (Dto. 26/01, Art. 3, actualmente derogado).
  • Decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública (Art. 3, inc. 2, Ley 19.880).
  • Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos.
  • Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones.
  • Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional.

 

Clasificación de los Actos Administrativos

  • Decretos Supremos. “El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro "Por orden del Presidente de la República", sobre asuntos propios de su competencia.” (Art. 3, Inc. 4, Ley 19.880). Pueden ser de dos tipos:
    • Reglamentos.
    • Simples decretos.
  • Resoluciones. “Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión” (Art. 3, Inc. 5, Ley 19.880).
  • Dictámenes. “Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias.” (Art. 3, Inc. 6, Ley 19.880). Existen distintos órganos autorizados por la ley para emitir dictámenes, como por ejemplo:
    • La Contraloría General de la República.
    • El Servicio de Impuestos Internos.
    • La Dirección del Trabajo.

    La Contraloría General ha indicado que “Un dictamen consiste en la opinión jurídica o juicio que se emite o forma acerca de la correcta aplicación de un cuerpo normativo y es a esta Entidad Autónoma a la que, el Capítulo IX de la Carta Fundamental y, en general, el ordenamiento normativo nacional, han encomendado ejercer el control de juridicidad de los actos de la Administración, incluyendo el emitir pronunciamientos en derecho con fuerza obligatoria y vinculante. Por lo tanto, la obligatoriedad de los dictámenes emana, en último término, de la norma interpretada y de los preceptos constitucionales y legales que sustentan esas opiniones jurídicas, desde el momento en que este Organismo Contralor nada agrega a la disposición pertinente, limitándose a evacuar un juicio declarativo al respecto.”. Ha agregado que “un dictamen consiste en la opinión jurídica o juicio que se emite o forma acerca de la correcta aplicación de un cuerpo normativo y es a esta Entidad Autónoma a la que, el Capítulo X de la Carta Fundamental y, en general, el ordenamiento normativo nacional, han encomendado ejercer el control de juridicidad de los actos de la Administración, incluyendo por cierto el emitir pronunciamientos en derecho con fuerza obligatoria y vinculante, los cuales son los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa.

    De este modo, la función que la Constitución ha encargado a la Contraloría General de la República de interpretar con fuerza obligatoria las leyes y actos administrativos, permite dar cumplimiento al principio de la igualdad ante la ley reconocido por la Carta Fundamental y a los principios de buena fe y de confianza legítima que inspiran el ordenamiento jurídico” (Dictamen 61.817/06).

  • Acuerdos. Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente. (Art. 3, Inc. 7, Ley 19.880).
  • Ordenanzas (alcaldes). Art. 5, LOCM: Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales: d) “dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular”.

    Artículo 12.- Las resoluciones que adopten las municipalidades se denominarán ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios o instrucciones.

    • Las ordenanzas serán normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En ellas podrán establecerse multas para los infractores, cuyo monto no excederá de cinco unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los juzgados de policía local correspondientes.
    • Los reglamentos municipales serán normas generales obligatorias y permanentes, relativas a materias de orden interno de la municipalidad.
    • Los decretos alcaldicios serán resoluciones que versen sobre casos particulares.
    • Las instrucciones serán directivas impartidas a los subalternos.
  • Instrucciones. “Una instrucción es una norma de administración interna que imparte el superior jerárquico o el órgano fiscalizador a quienes están bajo su dependencia o fiscalización, para señalarles una línea de conducta a seguir en la aplicación de las leyes y reglamentos, por lo que no constituyen una decisión que establezca obligaciones o derechos para los administrados, ni pueden los servicios por su intermedio fijar normas generales y obligatorias propias de la función legislativa y de la potestad reglamentaria, salvo que cuenten con una atribución expresa en este específico sentido” (dictamen 45.522/98). Luego, hay dos tipos de instrucciones:
    • Las normas de administración interna que imparte el superior jerárquico a quienes están bajo su dependencia.
    • Las normas que imparte el órgano fiscalizador a quienes están bajo su fiscalización.

 

Documentos que generan Resoluciones

  • Asignación de antiguedad.
  • Asignación de funciones.
  • Asignación familiar.
  • Asignación por pérdida de caja (sólo cajeros categoría 1 y 2).
  • Asignación por movilización estatutaria.
  • Asignación profesional.
  • Comisión de estudios.
  • Comisión de servicios.
  • Convenio de honorarios.
  • Devolución de tiempo.
  • Permiso con goce de remuneraciones.
  • Permiso sin goce de remuneraciones.
  • Permiso deportista.
  • Permiso paternal.
  • Permiso por matrimonio.
  • Permiso por fallecimiento de parientes.
  • Liberación de funciones.
  • Prestación de servicios.
  • Reconoce bienios.
  • Reconoce trienios.
  • Reubicación.

 

  CONTRATACIONES

Definiciones

¿Quién es funcionario público?
Se considera como tal a quien se encuentre designado en la planta de un servicio o a contrata, ocupando un cargo público en la Administración, excluyendo a los contratados a honorarios.

¿Qué son las plantas de personal?
Las plantas constituyen el conjunto de cargos o empleos estables que la ley asigna a cada órgano, institución o servicio de la Administración, es decir, es la dotación continua de funcionarios de las reparticiones públicas.

¿Quiénes son titulares?
Funcionarios titulares o de planta son aquellos que han sido nombrados para ocupar en propiedad un cargo vacante en la planta.

¿Qué es un empleo a contrata?
Empleo a contrata es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.

¿Cuánto puede durar una contrata?
La duración de las contratas se determina por la jefatura en la respectiva designación, no obstante, no pueden exceder del 31 de diciembre de cada año, de modo que los empleados que las sirven cesan en sus funciones en la fecha fijada, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta su prórroga.

¿Qué es un contrato a honorarios?
La contratación de personas a honorarios constituye una modalidad de prestación de servicios a la Administración.

Es un vínculo originado en un contrato que une a la persona con el servicio, que se rige por las cláusulas del convenio y también por el Código Civil -según ha precisado la jurisprudencia administrativa- pero que no confiere al contratado la calidad de funcionario, por lo que a estos servidores no se les aplican las normas que rigen a los empleados públicos.

¿Cómo se clasifican los contratos a honorarios?
Se distingue entre:
- Asimilados a grado: implica que el monto de la retribución se relaciona con un grado de la planta del servicio de que se trate.
- A suma alzada: corresponde a la contratación por una suma fija previamente definida, que normalmente se divide en cuotas de igual monto, pero que también puede ser una sola.
- Pagados por mensualidades: son aquellos casos en que la contratación se efectúa mediante pagos mensuales.

 

Formularios

Descargar archivo Solicitud Certificado de Antecedentes
Descargar archivo Solicitud Certificado de Antecedentes (Convenios a Honorarios)
Descargar archivo Propuesta Asunción de Funciones
Descargar archivo Resolución Nombramiento Jefes de Carrera
Descargar archivo Informe Prórroga Contratos

 

Guías

Descargar archivo Procesos de contratación y remuneraciones
Descargar archivo Obtención de Credencial Universitaria

 

  DECLARACIONES JURADAS

Solemnidades de las Declaraciones Juradas

Las Declaraciones Juradas de Patrimonio e Intereses tienen el carácter de declaraciones simples, es decir no requieren su autentificación ante Notario Público.

No obstante tales declaraciones, por ser públicas, deben ser autentificadas por el Ministro de Fe de la corporación, rol que desempeña el Secretario General de la Universidad.

Las Declaraciones serán remitidas a la Contraloría General de la República, quedando un ejemplar en custodia en la Dirección de Recursos Humanos.

 

Obligaciones, responsabilidades y sanciones por incumplimiento u omisión del funcionario obligado

  • Es responsabilidad del funcionario, el presentar y/o actualizar las respectivas Declaraciones, cada vez que ocurran hechos relevantes, tales como: asumir o dejar un cargo de autoridad o jefatura o equivalente; experimentar cambios significativos en su patrimonio; establecer asociaciones o participaciones a las que se refieren las declaraciones.
  • Las Declaraciones serán remitidas al trámite de autentificación por parte del Secretario General de la Universidad y, una vez cumplido este protocolo, enviadas a la Dirección de Recursos Humanos.
  • El plazo es de 30 días contado desde que se produjo el hecho relevante que motiva la Declaración.
  • La no presentación oportuna de estas Declaraciones Juradas será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, aplicada en la forma establecida en el artículo 65 del DFL 1-19.653
  • El incumplimiento de la obligación de actualizar la declaración de intereses o de patrimonio se sancionará con multa de cinco a quince unidades tributarias mensuales.
  • La inclusión a sabiendas de datos relevantes inexactos y la omisión inexcusable de información relevante requerida por la ley en estas declaraciones serán tenidas en cuenta para los efectos de las calificaciones y se sancionarán disciplinariamente con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales.
  • Las resoluciones que impongan estas multas serán reclamables ante la Corte de Apelaciones que corresponda, y deberá ser fundada y acompañarse de los documentos probatorios en que se base y ser presentada dentro de quinto día de notificada la resolución.

 

Declaraciones de intereses y patrimonio

Complementando el Oficio Ordinario N° 056 del 16 de abril de 2015, del Sr. Rector y en el marco de las nuevas medidas emanadas desde la Presidencia de la República para la declaración de interés y patrimonio, se informa que el enlace para efectuar dicho trámite, a partir de la fecha indicada, es: http://dpi.minsegpres.gob.cl/

Antes de ingresar al sitio debe tener presente lo siguiente:

  1. Dirigirse personalmente al Registro Civil con su cédula nacional de identidad y solicitar su clave. En este lugar le harán entrega de un “Código de Activación de Cuenta”.
  2. Posteriormente, deberá ingresar el link que le fue enviado a su correo electrónico (Asunto: Confirmación registro Oficina Internet-SRCeI) donde se le solicitará digitar el número de su Carnet de Identidad (RUN) y el “Código de Activación” disponible en el comprobante.
  3. Finalmente, se abrirá una ventana en la cual aparecerán sus datos: RUN, nombre completo y correo electrónico. En ésta, el sistema le solicitará ingresar una contraseña, que debe contener al menos 6 caracteres.

 

Formularios

Descargar archivo Declaración de Intereses | Manual Declaración de Intereses
Descargar archivo Declaración de Patrimonio | Manual Declaración de Patrimonio
Descargar archivo Declaración jurada ingreso a la Universidad
Descargar archivo Declaración jurada uso de drogas
Descargar archivo Declaración jurada Probidad Administrativa
Descargar archivo Declaración jurada imponentes AFP
Descargar archivo Declaración jurada imponentes sistema previsional antiguo

 

  ESCALAFON DE MERITO

Con el resultado de las calificaciones ejecutoriadas las instituciones confeccionarán un escalafón disponiendo a los funcionarios de cada grado de la respectiva planta en orden decreciente conforme al puntaje obtenido.

En caso de producirse un empate, los funcionarios se ubicarán en el escalafón de acuerdo con su antiguedad: primero en el cargo, luego en el grado, después en la institución, a continuación en la Administración del Estado, y finalmente, en el caso de mantenerse la concordancia, decidirá el Jefe Superior de la institución.

El funcionario que ascienda pasará a ocupar, en el nuevo grado, el último lugar, hasta que una calificación en ese nuevo grado, por un desempeño no inferior a seis meses, determine una ubicación distinta.

El escalafón comenzará a regir a contar desde el 1° de enero de cada año y durará doce meses.

El escalafón será público para los funcionarios de la respectiva institución.

Los funcionarios tendrán derecho a reclamar de su ubicación en el escalafón con arreglo al artículo 160 de este Estatuto. El plazo para interponer este reclamo deberá contarse desde la fecha en que el escalafón esté a disposición de los funcionarios para ser consultado.

Artículos 51 y 52, Estatuto Administrativo

Escalafón de Mérito vigente 2013

 

  RENUNCIAS

Formularios

Descargar archivo Formulario Renuncia